Carmen Alcaraz, vecina del barrio de Mar de 89 años, con movilidad reducida, diabetes, grado 2 de dependencia y dependiente de una máquina de oxígeno, ha estado a punto de ser desahuciada hoy de su casa de toda la vida en Vilanova i la Geltrú. La orden judicial debía ejecutarse este lunes 19 de enero, pero la presión ciudadana ha logrado aplazar la expulsión un mes. “Mi madre está destrozada. Esta Navidad cumplió 89 años y fueron unas celebraciones de mierda”, explica su hija, Raquel Prats.
El conflicto se remonta a hace dos décadas, cuando la casa familiar de planta baja de la Rambla Joan Baptista, 90 fue demolida para construir un bloque de tres pisos. Carmen firmó una permuta con una inmobiliaria: cedía el terreno a cambio de uno de los pisos. Sin embargo, la empresa entró en crisis y no elevó el contrato a escritura pública, por lo que el acuerdo nunca tuvo plena validez legal. Mientras el asunto derivaba en demandas, el grupo inmobiliario hipotecó la finca. Al no constar la propiedad de Carmen, el edificio pasó a Bankia, luego a CaixaBank y finalmente al fondo Gramina Homes.
“Es un fondo buitre que, tras quedarse con la vivienda, en ningún momento ha querido ofrecernos una solución, ni un pago de alquiler, ni nada. Si al final echan a mi madre, su intención es cerrar el piso con puertas metálicas”, apunta Raquel Prats. La familia recalca que pagan todos los suministros y el mantenimiento. Carmen vive allí con su cuidador, un hombre cubano que hoy también se quedaba en la calle.
Llegada de la comitiva judicial
Hacia la una del mediodía, cerca de cien personas se concentraron frente al inmueble. Al llegar la comitiva judicial con una decena de Mossos d’Esquadra, un grupo de voluntarios bloqueó el acceso sentándose en el suelo. Tras dialogar con los concentrados, y gracias a varios mediadores, la comitiva y los agentes pudieron subir al piso. Allí permanecieron una hora y media.
Pequeña discusión en la calle
En la calle, la protesta fue pacífica y solo hubo una pequeña discusión en la acera: una señora comenzó a lanzar proclamas contra el Ayuntamiento y su conducta fue afeada por un miembro de los colectivos antifascistas, que la acusó de querer ser protagonista de la jornada e intentar hacer proselitismo de un partido de la ultraderecha catalana. “No te hemos visto protestando en ningún otro desahucio. ¿Vendrás también cuando vayan a echar de su casa a una familia de inmigrantes?”, espetaron a la señora.
Aplazamiento hasta el 23 de febrero
A las dos de la tarde se confirmó el aplazamiento hasta el 23 de febrero. Según explica Raquel Prats, los Servicios Sociales se han comprometido a intentar buscar una vivienda para su madre donde ella también pueda acompañarla junto a su hijo (el nieto de la afectada). Tienen poco más de cuatro semanas para que esta opción sea factible. Si no es posible, le buscarán una plaza de residencia, algo que la familia ve complicado porque Carmen no quiere ir a una.
Actualmente, la anciana -con un grado de dependencia 2 (dependencia severa)- está en lista de espera para una residencia y le faltan ocho meses para entrar. Su hija lleva dos años solicitando un piso en la Mesa de Emergencia sin éxito.
“Esta casa ella la considera suya. Mi madre hubiera querido explicar su situación ante un juez, pero no ha podido hacerlo nunca”, concluye Raquel, quien también ha expresado su agradecimiento a todas las personas que este lunes se han movilizado para apoyar a la familia.
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