El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú ha iniciado los trabajos de instalación de la primera red municipal de videovigilancia de la ciudad. El proyecto cuenta con un presupuesto de 124.000 euros y prevé entrar en funcionamiento entre septiembre y octubre, tras un periodo previo de pruebas del sistema informático.
Las cámaras se desplegarán en accesos, cruces y espacios céntricos como la Plaça de les Neus, la Rambla Principal, la Plaça de la Vila, la Plaça de les Cols, la Plaça de Soler i Carbonell y en intersecciones de calles como Sant Gregori, Caputxins, Llibertat, Tetuan, Sant Sebastià, Codonyat o Comerç. Todas las unidades estarán conectadas con el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de la Policía Local.
Según informa el Ayuntamiento, «las imágenes captadas facilitarán el seguimiento en tiempo real de determinadas situaciones y contribuirán a la investigación de hechos delictivos o incívicos, así como una gestión más eficiente de la movilidad urbana».
El inspector de la Policía Local, Manel Fuentes, ha señalado que las imágenes enfocarán solo vías públicas, incorporarán mecanismos para evitar captar espacios privados y se almacenarán en servidores seguros de las dependencias policiales.
El plan prevé una segunda fase para el próximo año que extenderá las videocámaras a los aparcamientos disuasorios de la ronda Ibérica.
Hasta ahora, la ciudad contaba sólo con cámaras de control de tráfico en varios puntos para la lectura de matrículas.
La instalación de cámaras de videovigilancia en la calle, en cambio, está sujeta a criterios policiales y requiere la autorización judicial del TSJC.
El Ayuntamiento actuará como acusación en casos de multirreincidencia
Por otro lado, el Pleno municipal aprobó el pasado mes de julio el protocolo para ejercer la acción penal municipal ante delitos de hurto. Esta medida permite al Ayuntamiento personarse como acusación ante situaciones de multirreincidencia acreditada, hurtos continuados en ejes comerciales, hechos que generen alarma social, que afecten a zonas de gran afluencia, o cuando se identifique una actuación de bandas organizadas.
En todo caso, los Servicios Jurídicos realizarán una consulta previa a los Servicios Sociales para verificar si el investigado es usuario de programas de asistencia o se encuentra en vulnerabilidad severa. La medida salió adelante con el voto de la mayoría de grupos municipales, la abstención de ERC y el voto en contra de la CUP.
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