Carme Alcaraz, la vecina de Vilanova i la Geltrú de 89 años y con grado 2 de dependencia que se resiste a ser echada de su casa, se enfrentará el 20 de abril a un nuevo intento de desahucio. Será la tercera vez que un fondo buitre intenta sacarla de su hogar tras los intentos frustrados del 19 de enero y del 23 de febrero. En ambos casos, las órdenes judiciales de desalojo no pudieron ejecutarse por la movilización popular en la calle y la resistencia de la propia Carme.
La afectada vive en este lugar del barrio de Mar desde hace 70 años, aunque el inmueble es ahora propiedad del fondo Gramina Homes. El conflicto se remonta a hace dos décadas, cuando la casa familiar de planta baja en el número 90 de la Rambla Joan Baptista fue demolida para construir un bloque de tres plantas. Carmen firmó una permuta con una inmobiliaria: cedía el terreno a cambio de uno de los pisos. Sin embargo, la constructora quebró y no llegó a elevar el contrato a escritura pública, por lo que el acuerdo nunca tuvo plena validez legal. El edificio pasó a Bankia, luego a CaixaBank y finalmente al fondo Gramina Homes.
«Carme ha sufrido una cadena de errores judiciales y negligencias que la han dejado sin defensa a pocos días de perderlo todo»
La familia de la mujer y las entidades que apoyan a la anciana (Sindicat de l’Habitatge, la asociación 500 x 20 y la PAH) denuncian la “indefensión total” de Carmen. “Ha sufrido una cadena de errores judiciales y negligencias que la han dejado sin defensa a pocos días de perderlo todo”, sostienen. También acusan al fonde de inversión de “abuso”. Según sostienen, “Gramina Homes quiere echarla sin transparencia sobre el precio del inmueble, impidiendo su derecho a recuperarlo (retracto)”.
Por otro lado, a pesar de estar prevista una conciliación pendiente para el 15 de mayo, “el juzgado quiere realizar el desalojo antes”, de modo que la orden de desahucio o lanzamiento se mantiene para el 20 de abril.
Ante esta situación, las entidades que apoyan a Carme reclaman la suspensión inmediata del lanzamiento y una “defensa digna” para la anciana. La mujer es diabética, tiene movilidad reducida y depende de una máquina de oxígeno.
En el último intento de desahucio del 23 de febrero, en mitad de un gran despliegue policial, la movilización ciudadana y la falta de una ambulancia (para el traslado de Carme a una residencia) impidieron el desalojo. Aquel día, además, la vecina se mantuvo firme ante la comitiva judicial, asegurando que no se marcharía de su hogar por voluntad propia. “De mi casa no me echarán”, dijo entonces.
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