- El acceso a la vivienda protagonizó un intenso debate en el último pleno municipal, donde ERC impulsó sin éxito una moción para actualizar la normativa local que afecta a las Viviendas de Uso Turístico
Vilanova i la Geltrú cuenta con 43 viviendas de uso turístico que podrían estar en situación de fraude, según datos preliminares del Ayuntamiento. Así lo confirmó la concejala de Promoción Económica, Anna Ribera (PSC), durante el pleno municipal celebrado el 7 de abril de 2025, en el que se debatió una moción presentada por ERC para revisar y actualizar la normativa de viviendas de uso turístico.
Debate en el Pleno del Ayuntamiento
El portavoz de ERC, Jordi Medina, defendió la iniciativa argumentando que «el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía» y alertó de que la proliferación de pisos turísticos está agravando la especulación inmobiliaria. Medina recordó que en 2021, durante su etapa de gobierno municipal, se aprobó una regulación para limitar el número de viviendas turísticas en Vilanova i la Geltrú por zonas de la ciudad, con el objetivo de evitar la concentración y proteger la convivencia vecinal.
La moción proponía actualizar la normativa local de acuerdo con el nuevo marco legislativo de la Generalitat aprobado en 2023, crear una comisión de seguimiento y reforzar la inspección para detectar irregularidades, además de informar a los propietarios de que las licencias ya no son perpetuas, sino de cinco años.
Jordi Medina (ERC):
«En Ribes Roges y en el barrio de Mar ya se han alcanzado los topes establecidos, por lo que en estas dos zonas no se pueden conceder nuevas licencias de viviendas de uso turístico. Esto demuestra que existe una problemática. Además, no es algo limitado a las zonas marítimas, donde era previsible, sino que también en otras áreas como Fondo Somella algunos propietarios ya no pueden solicitar licencia porque se ha llegado al máximo permitido por la normativa local».
El gobierno municipal (PSC y VEC) rechazó la moción argumentando que la actual normativa ya se está adaptando a los nuevos requerimientos legales y que no existe, a su juicio, un problema significativo de masificación de viviendas turísticas en la ciudad. Anna Ribera añadió que el Ayuntamiento se ha adherido a una plataforma de la Generalitat para rastrear pisos turísticos ilegales y que, tras un primer rastreo en enero, se identificaron 43 casos de posible fraude entre las 430 viviendas de uso turístico existentes en Vilanova.
Anna Ribera (PSC):
«Compartimos la preocupación por el acceso a la vivienda. De hecho, en el último pleno se aprobó la cesión de un suelo para construir 78 viviendas de alquiler protegido en el barrio del Llimonet, una medida que no se daba desde hacía 16 años en materia de vivienda pública»
Desde la oposición, la CUP y Junts apoyaron la moción, subrayando la necesidad de reforzar los mecanismos de control en un contexto de crisis de vivienda. En cambio, el PP votó en contra, considerando que la regulación autonómica penaliza injustamente al sector turístico y que el impacto de estas viviendas sobre el mercado inmobiliario es limitado.
Josep Ametllé (CUP):
«Estamos atravesando un momento crítico en la crisis de la vivienda, y como respuesta, vivimos uno de los periodos más intensos de la lucha por el derecho a una vivienda digna, con manifestaciones que reclaman una rebaja urgente de los alquileres. Para lograrlo, se necesitan políticas radicales que aborden la raíz del problema y una actualización del trabajo de la administración local para adaptarse a las nuevas necesidades. En este sentido, la regulación estricta y la intensificación de las inspecciones en ciudades como Vilanova, donde crece la actividad turística, son medidas esenciales que deben reforzarse.»
Jaume Carnicer (Junts):
«Votaremos a favor de la moción de ERC porque entendemos que la situación de tensión que vive actualmente Vilanova en materia de vivienda exige abordar el problema, incluyendo también la regulación de las viviendas de uso turístico».
Carlos Remacha (PP):
«Las viviendas de uso turístico representan únicamente el 2,5 % del parque de viviendas en Cataluña, por lo que no existe una incidencia real sobre el acceso a la vivienda. Se ha buscado un culpable para este problema sin impulsar otras soluciones, limitándose a prohibir, crear nuevos impuestos y añadir más burocracia».
Finalmente, la moción de ERC no prosperó al recibir el voto contrario del gobierno municipal (formado por PSC y VEC) y del PP; el voto a favor de ERC, CUP y Junts; y la abstención de Transformem VNG.
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