Por Xavier Canalís, editor de Vilanova.blog
La acusación particular solicita una pena de 13 años de prisión e inhabilitación profesional para la propietaria de una agencia de viajes de Vilanova i la Geltrú acusada de estafar a sus clientes. Este caso afectó directamente a decenas de viajeros que vieron canceladas sus vacaciones familiares en julio de 2023, coincidiendo con la temporada alta.
Eric Ventura, abogado que representa a una plataforma de 39 afectados, pide además que la acusada no pueda volver a ejercer en el sector turístico durante el tiempo que se fije por condena.
El juicio, cuya instrucción acaba de finalizar, se celebrará previsiblemente en la Audiencia Provincial de Barcelona, aunque dada la saturación de los juzgados, no se espera, como mínimo, hasta finales de 2026.
Los hechos se remontan a julio de 2023, cuando los Mossos d’Esquadra comenzaron a recibir denuncias de clientes afectados por una presunta estafa cometida por la agencia Fg Viajes, que comercializó vuelos y estancias que nunca llegó a contratar. El local de esta agencia de viajes se encontraba dentro del Boulevard Roxy. El caso, que dejó a unas ochenta personas en tierra en plena temporada alta, ha derivado en una acusación por delito continuado de apropiación indebida agravado por el monto defraudado, que ronda los 200.000 euros.
Familias afectadas
Más allá de las cifras económicas, este caso truncó los planes de decenas de viajeros y sus familias en julio de 2023, en plena temporada alta. Eric Ventura, abogado de la acusación, recuerda el momento en que estalló el caso como una situación de «desesperación» para decenas de vecinos. «Había viajes de novios, cumpleaños de 18 años, chicas que hacían su primer viaje juntas… Había un montón de dramas personales», relata el letrado.
Entre los casos más sensibles, Ventura destaca situaciones de urgencia familiar: «Gente que tenía que coger simplemente un tren a Córdoba para ver a su madre que estaba enferma y había comprado el billete a través de esa agencia, u otra persona que quería viajar para ver a su hermana que había dado a luz». También resultaron afectadas familias que habían estado ahorrando durante año y medio para llevar a sus hijos a Eurodisney, pagando el viaje a plazos, y que días antes de la salida descubrieron que no tenían reserva y habían perdido el dinero.
Ante la avalancha de afectados que acudieron a su despacho a finales de julio, justo antes del cierre por vacaciones, el equipo legal ofreció una primera asistencia pro bono (sin honorarios) para orientar a los vecinos sobre cómo presentar las denuncias en comisaría. «Fue el ejercicio puro de nuestra profesión, que es ayudar cuando se tiene que ayudar», señala Ventura.
Indemnización
La acusación particular exige, además de la devolución íntegra de los importes estafados y los gastos extra que tuvieron que asumir las víctimas (como la compra de nuevos billetes), una indemnización por daños morales calculada en un 30% sobre la cantidad defraudada.
Según explica el abogado, el perjuicio va más allá de lo económico. «Cuatro años después, algunos de los afectados nos explican que al final ya nunca hicieron ese viaje con el que habían soñado tanto tiempo».
Además de los clientes representados por Eric Ventura, existe otro grupo de unos 30 afectados que pagaron con la tarjeta de crédito de su entidad bancaria y que también se han personado en la causa.
La fiscalía pide cuatro años
La pena solicitada por la acusación particular es notablemente superior a la del Ministerio Fiscal, que pide 4 años de prisión. La Fiscalía aplica una atenuante al considerar que la acusada ha realizado acciones tendentes a reparar el daño causado. Sin embargo, la acusación particular rechaza frontalmente este argumento. «Interpretamos que esa atenuante no se debe aplicar por la razón de que consideramos los supuestos esfuerzos como irrelevantes para el fin de reparación del daño causado», argumenta Ventura.
Ante la posibilidad de que la defensa busque una rebaja de la condena pactando con Fiscalía y reconociendo los hechos, la acusación particular advierte que solo aceptará el acuerdo si se garantiza la reparación económica. Exigen un plan de pagos «serio y real» para devolver el dinero.
¿Podría la propietaria de la agencia de viajes declararse en concurso de acreedores? Eric Ventura descarta que pueda acogerse a esa figura. “Aunque solicitase una situación de concurso de acreedores, la ley concursal señala que las deudas relacionadas con delitos o por responsabilidad civiles no son exonerables, no le serviría”.
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